LOS SIGUIENTES 32 GRUPOS DE TRABAJO Y GRUPOS ESPECIALES DE CLACSO:

Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas; Agroecología política; Anticapitalismos y sociabilidades emergentes; Antiimperialismo: perspectivas transnacionales en el sur global; Autonomías, territorios y memoria: geopolíticas en disputa; Ciencia social politizada; Descentrando las relaciones internacionales latinoamericanas (Grupo Especial CEFIR/FES/CLACSO); Cuerpos, territorios y feminismos; Ecología(s) política(s) desde el Sur/Abya-Yala; Educación popular y pedagogías críticas; Educación y vida en común; Energía y desarrollo sustentable; Estados en disputa; Estudios críticos del desarrollo rural; Estudios sociales para la salud; Feminismos, resistencias y emancipación; Fronteras: movilidades, identidades y comercios; Fronteras, regionalización y globalización; Infancias y juventudes; Luchas antipatriarcales, familias, géneros, diversidades y ciudadanía; Memorias colectivas y prácticas de resistencia; Migración Sur-Sur; Pensamiento geográfico crítico latinoamericano; Palestina y América Latina (Grupo Especial Revista Al Zeytun/CLACSO); Prácticas emancipatorias y metodologías descolonizadoras transformadoras; Pueblos indígenas y proyectos extractivos; Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos; Red de género, feminismos y memorias de América Latina y el Caribe; Territorialidades en disputa y r-existencias; Trabajadorxs y re-producción de la vida; Vigilantismo y violencia colectiva; Violencias, políticas de seguridad y resistencias

MANIFESTAMOS QUE:

El actual gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, ha llevado a Colombia a una situación de caos generalizado en la cual el Ejército y la Policía Nacional han hecho uso excesivo de la fuerza para reprimir el levantamiento popular y ciudadano en contra de una serie de medidas económicas que continuarán precarizando a las clases medias y bajas del país. Esto en medio de una grave recesión económica profundizada por la pandemia del covid-19, aunado a un deterioro de las garantías en la implementación del proceso de paz, y de un aumento significativo en el asesinato de excombatientes, líderes sociales, ambientales y de integrantes de base de las organizaciones sociales^[1] y de comunidades indígenas y afrocolombianas (Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, 2020).

El 28 de abril pasado, lxs colombianxs salieron a las calles a pedirle al gobierno que retirara las reformas tributarias y de salud. El gobierno respondió con la militarización de las principales ciudades del país, como Cali, Medellín, Bogotá y Pasto, mediante el despliegue del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional a lo largo y ancho del territorio nacional. El ESMAD asesinó, golpeó, disparó a los ojos (especialmente a jóvenes manifestantes mujeres), y agredió sexualmente a algunas de las personas que se manifestaban en las calles. También se han documentado detenciones arbitrarias y torturas. El día 03 de mayo, fue uno de los días más sangrientos en el sector Siloé, barrio popular de la ciudad Cali, donde se desató una batalla campal entre agentes de la Policía y manifestantes que se encontraban realizando un acto pacífico honrando la memoria de las víctimas^[2]. Este sector está compuesto en su mayoría por población negra que ha sido sistemáticamente discriminada, excluida y estigmatizada.

Con el pasar de los días hemos visto un grave escalamiento de la violencia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (al 5 de mayo de 2021) reporta 31 personas asesinadas (en su mayoría jóvenes), 22 víctimas de agresiones oculares, 1220 heridos, 9 casos de violencia sexual, 87 desaparecidos, 200 agresiones por parte de la policia^[3]. Sin embargo, no se tiene certeza de los números exactos de las víctimas, ya que otros informes señalan una cantidad mayor. Frente a ello, el gobierno nacional ha reaccionado de manera ambigua e hipócrita: por un lado, ha llamado a un diálogo nacional, y por otro, no sólo ha continuado desplegando a la fuerza pública en contra de quienes siguen manifestándose -que muestra un ensañamiento feroz-, sino que, además, ha fijado recompensas para quienes denuncien a quienes incurran en “actos vandálicos”. Esta última medida fomenta la cultura de violencia heredada de las lesivas tácticas de persecución al narcotráfico y hace poco para desescalar la violencia y abrir espacios de diálogo en los que las demandas ciudadanas sean escuchadas y tomadas en serio. Todo ello reproduce la criminalización y estigmatización de las expresiones de las juventudes que hacen parte de los sectores excluidos de la sociedad colombiana.

En el marco de un Estado Social de Derecho, la protesta social forma parte del ejercicio de la democracia, es un derecho reconocido y protegido por las normas y estándares internacionales, y los Estados tienen el deber de actuar sobre la base de la licitud de las protestas y manifestaciones públicas, así como investigar y sancionar cualquier uso desmedido de la fuerza. Es imprescindible que el Estado cumpla con su obligación de garantizar los principios tranversales de los derechos humanos: universalidad, igualdad y no discriminación; acceso a mecanismos de garantía; acceso y producción de información, y derecho a la participación.

En Colombia, en cambio, lo que hemos visto durante los últimos años es el cercenamiento de los principios democráticos y del Estado Social de Derecho, como consecuencia de violaciones sistemáticas a los DDHH, ejecuciones extra-judiciales, el incumplimiento del proceso de paz por parte del gobierno de Duque, así como asesinatos de líderes sociales y ambientales, ex-combatientes de las guerrillas y defensores de DDHH. Todo ello pone en evidencia la degradada calidad del proceso institucional colombiano.

En lugar de responder a los reclamos sociales con represión, el gobierno de Colombia debe escuchar a lxs ciudadanxs y promover reformas sociales para el bienestar de lxs colombianxs. Se trata de una necesidad apremiante, más aún cuando se tiene en cuenta que la pobreza en el país aumentó 6.8% en el último año, llegando a total de 42,5 % en el año 2020; y pasó de tener 17,4 a 21 millones de personas en situación de pobreza monetaria (DANE, 2021), sin contar las realidades de la desigualdad social y el hambre en los territorios del país que no se registran en las cifras oficiales.

Condenamos de manera absoluta las violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y el ejército colombiano y la represión violenta a la ciudadanía.

Nos solidarizamos con lxs colombianxs que han decidido expresar su desacuerdo con el régimen político y que reclaman a gritos una sociedad más justa y equitativa. Nos solidarizamos también con todxs quienes han perdido a sus familiares a manos de las fuerzas del Estado y con quienes están en búsqueda de desaparecidxs y demandamos el apoyo de las instituciones de justicia internacional para una exhaustiva investigación y castigo de lxs responsables y ejecutores de estos actos represivos.

En estas circunstancias todxs lxs latinoamericanxs nos sentimos hermanadxs con el pueblo colombiano y unimos nuestras voces para exigir justicia y respeto por la dignidad humana.

7 de Mayo 2021
Grupos de Trabajo y Grupos Especiales CLACSO

[1] https://coeuropa.org.co/el-quiebre-de-la-paz-y-el-estado-de-derecho-la-politica-de-defensa-y-seguridad-del-gobierno-duque-profundizar-el-modelo-de-despojo-de-los-bienes-comunes/
[2] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/lo-que-paso-anoche-en-siloe-cali-fue-una-matanza-lider-social/
[3] http://www.indepaz.org.co/cifras-de-violencia-policial-en-el-paro-nacional/

Esta declaración expresa la posición de los mencionados Grupos de Trabajo y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.